Lenia Batres Guadarrama, nacida el 6 de agosto de 1969 en la Ciudad de México, es una destacada abogada y política mexicana. Es hermana de Martí Batres Guadarrama y de Valentina Batres Guadarrama. Actualmente se desempeña como ministras de Suprema Corte Justicia de la Nación (SCJN) y se postulado para el mismo cargo en las elecciones del Poder Judicial que se llevarán acabo el próximo 1 de junio de 2025.
Participa en el proceso de elección con el número 03 en la lista oficial de candidatos del Instituto Nacional Electoral (INE).
Escolaridad
Lenia Batres Guadarrama es licenciada, maestra y con doctorado en Derecho. Maestra en Gestión Pública. Maestra y Doctora en Estudios de la Ciudad.
Trayectoria política
Su trayectoria política incluye militancia en el Partido Socialista Unificado de México y en el Partido de la Revolución Democrática (PRD). Participó activamente en organizaciones sociales como la Unión de Vecinos de la Colonia Doctores, la Unión Nacional de Jóvenes y el Consejo Estudiantil Universitario. Entre 2006 y 2018, formó parte del movimiento de resistencia civil pacífica encabezado por Andrés Manuel López Obrador, coordinando brigadas contra la reforma petrolera en 2008 y contribuyendo a la formación de Morena en Tultitlán y Nuevo León.
En el ámbito legislativo, fue diputada federal en la LVII Legislatura (1997-2000), donde propuso en 1998 la creación de un Sistema de Justicia Penal para Menores, aprobado en 2005 como Sistema de Justicia Penal para Adolescentes. Además, se desempeñó como secretaria técnica de la Comisión del Distrito Federal (2006-2009) y asesora de la Comisión de Vivienda (2012-2015) en la Cámara de Diputados.
En el Gobierno del Distrito Federal, ocupó cargos como directora general Jurídica y de Gobierno de la Delegación Cuauhtémoc (2000-2002), asesora del Jefe de Gobierno Andrés Manuel López Obrador (2002-2004) y directora general de Regulación al Transporte en la Secretaría de Transportes y Vialidad (2004-2006). También fue asesora de la Jefa Delegacional de Tlalpan, Claudia Sheinbaum Pardo (2015-2018), y directora general de Gestión, Vinculación y Asuntos Jurídico-Normativos de la Autoridad del Espacio Público (2018).
Redes sociales
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Visión de la función jurisdiccional
Esta función del Estado dirigida a garantizar la aplicación de la ley en los casos en que una persona o un colectivo considera violentados sus derechos debe proteger principalmente los derechos humanos, empezando por los derechos sociales. Las personas juzgadoras deben dejar de verse como funcionarias de élite nombradas por mérito individual. Tienen que asumirse como personas servidoras públicas capaces de cumplir su función conforme a la ley, con humildad, honradez y vocación de servicio.
Visión de la impartición de justicia
La impartición de justicia debe garantizar el cumplimiento de la norma con apego a la Constitución; debe entender los actos y hechos que se juzgan conforme al contexto social en que ocurren; debe distinguir las condiciones de desigualdad entre las partes en conflicto; debe ajustarse a la letra de la ley y, en caso de duda o necesidad de interpretación, resolver en favor del más débil, y debe tener como horizonte el ejercicio de los derechos humanos, iniciando por los derechos sociales.
Principales propuestas
- Propuesta 1
Justicia social. Nadie puede ejercer derechos y libertades individuales si no tiene resueltas sus necesidades básicas. El Poder Judicial debe contribuir a combatir la principal injusticia de la sociedad: la desigualdad. Debe formular criterios jurisdiccionales que coadyuven a garantizar los derechos económicos, sociales y culturales: educación, salud, vivienda, alimentación, agua, trabajo, seguridad social, cultura y medio ambiente sano, en armonía con las facultades de los otros poderes.
- Propuesta 2
Acceso a la justicia. Organización de defensorías públicas, comisiones de derechos humanos y procuradurías en la defensa y representación de la ciudadanía en general para garantizar que toda persona tenga la posibilidad de denunciar o defenderse en juicio. Articular en el Poder Judicial instrumentos pedagógicos y formularios accesibles para permitir la actuación de la ciudadanía en los juicios o alguna de sus etapas en que sea posible. En las sentencias, privilegiar el fondo sobre la forma.
- Propuesta 3
Austeridad. Apego a la obligación de administrar los recursos del Poder Judicial con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez. Priorizar el uso del presupuesto en el adecuado servicio de justicia, tanto en infraestructura para atender al público, como en el desarrollo de instrumentos que faciliten su acceso. Apego a la obligación de otorgar remuneraciones adecuadas y proporcionales conforme al límite constitucional. Erradicar abusos y privilegios para titulares y alta burocracia.
