En México, hablar de más de 100 mil personas desaparecidas no debería ser lo normal. Pero lo es. Y eso, justamente eso, es lo más alarmante. Nos hemos ido acostumbrando al horror. Nos han querido convencer de que no pasa nada. Que no hay crisis. Que no hay responsables. Que lo que han encontrado los colectivos de madres buscadoras con sus propios recursos no es lo que a todas luces es: un campo de exterminio.
El reciente pronunciamiento del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU no es menor. Es una señal de alerta internacional que debería encender todas las alarmas. Cuando un organismo tan importante e independiente como este, activa el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, no lo hace por ocurrencia: lo hace con base en información sólida, seria y preocupante. Habla de un patrón sistemático. De una emergencia que podría llegar hasta la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Y frente a eso, ¿qué hace la Comisión Nacional de los Derechos Humanos? ¿Se alinea con las víctimas? ¿Sale en defensa de quienes buscan a sus hijas, a sus hermanos, a sus padres? No. Lo que hace es desestimar la crisis. Negar lo evidente. Y hacer oídos sordos a los reclamos de las madres quienes ponen incluso, en riesgo su vida, como le acaba de suceder a quien encontró el rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco. La titular de la CNDH prefirió aliarse al gobierno y replicar sus dichos, o repartir las culpas en gobiernos del pasado, en lugar de defender al pueblo. Esa no es la función de una institución que nació para proteger los derechos humanos, no al poder.
Ante esto en Acción Nacional convocamos a una multitudinaria marcha que acabó enfrente de sus oficinas, ahí con profundo dolor escuchamos el testimonio de Jessica Gómez, una joven universitaria de Jalisco, que con la voz quebrada confiesa que en México ser joven y ser mujer duele. O el de Fernando, un muchacho oriundo de Sinaloa, a quien le desaparecieron a su hermano dejando en la orfandad a su pequeño hijo y quien expresó que a su generación le arrebatan las oportunidades, mientras las autoridades permanecen en silencio. Ellos no son portavoces de ningún partido. Son ciudadanos. Son víctimas. Son el reflejo de un país que clama justicia.
A quienes hemos tenido la suerte de no enfrentarnos a esa pesadilla, nos toca ponernos en los zapatos de las madres buscadoras. No hay dolor más brutal que el no saber dónde está tu hijo, tu hija. No hay noche más larga que la que viven estas familias, muchas veces solas, sin ayuda del Estado, sin recursos, sin protección, pero con una fuerza que conmueve e inspira.
Desde Acción Nacional, lo decimos con total claridad: estamos con ellas. No las vamos a dejar solas. Vamos a impulsar reformas que les den acceso real y directo a las carpetas de investigación, que les permitan entrar a los reclusorios, a los ministerios públicos y a los servicios forenses. Queremos crear un Fondo y un Programa Nacional para Madres Buscadoras, con recursos suficientes, atención especializada y personal que las acompañe, no que las ignore.
También vamos a apoyar la creación de un mecanismo extraordinario de identificación forense, con ayuda internacional, que enfrente de raíz esta emergencia humanitaria. No pueden seguir habiendo fosas sin nombre, ni cuerpos sin identificar, mientras el país guarda silencio.
Es importante que las propias leyes que impulsó el Ejecutivo sean discutidas en Parlamento Abierto y que integren todas las propuestas que ahí se originen. No es momento de pensar en colores ni de hacer cálculos electorales. Es momento de humanidad. De entender que detrás de cada cifra hay una historia rota, un proyecto de vida interrumpido, una familia desesperada, sumida en el dolor y la angustia.
Nuestro compromiso es claro: ni un joven más reclutado por el crimen. Ni un joven más desaparecido. Ni una familia más condenada a la incertidumbre. México necesita una política de Estado para prevenir, buscar y encontrar. Pero sobre todo, necesita funcionarios que estén del lado de la gente, no del poder.
Y si la titular de la CNDH no va a defender a las víctimas, si no va a estar presente cuando se le necesita, si prefiere cerrar los ojos ante la peor tragedia humanitaria del país, entonces debe dar un paso al costado. Este país necesita una defensora del pueblo, no una cómplice del silencio.
Hoy, más que nunca, nuestras voces deben ser el eco de quienes buscan. Porque en México, el dolor no puede seguir siendo invisible.
POR JORGE ROMERO HERRERA
PRESIDENTE DEL PAN
@JorgeRoH
MAAZ
