La realidad supera las mentiras de mañera, y es arrolladora: El crimen organizado está desbordado. El cobarde asesinato de los dos colaboradores cercanos de la Jefa de Gobierno, alerta sobre la ausencia de limites con la que actúa el crimen organizado, es una afrenta directa y un mensaje al gobierno y a la sociedad acerca de su disposición para confrontar y resistir cualquier política de seguridad.
Un tufo a negligencia se desprende de este episodio, que lamentablemente no es el primero ni parece ser el último, en que funcionarios se hallan en peligro de ser víctimas del crimen organizado; el gobierno tiene como obligación realizar un perfilamiento y análisis de riesgo respecto de sus funcionarios de ser objetivos de los grupos delictivos, sea por diferentes causas — sus funciones, la información que manejan o las decisiones que atraviesan por ellos — y así concluir sobre la necesidad de tomar medidas preventivas o de protección para cada cual.
Lo que era un protocolo normal y necesario para la protección de los funcionarios, fue suprimido al arribo de los gobiernos de Morena, que calificaron la protección como un exceso, un lujo innecesario, que de haberse efectuado podría haber evitado las lamentables perdidas.
Podría calificarse por lo menos, de ingenuidad, o peor, de negligencia, que en el momento de mayor violencia en el país, donde la política de seguridad por fin opta por afrontar a los delincuentes —delincuentes con capacidades de operación logística y armamento pesado que compite al del ejercito— no se haya previsto el riesgo existente para ciertos funcionarios, aún más con el antecedente del 2020 donde el Cártel Jalisco embosco al secretario de seguridad en un intento por asesinarlo. Afortunadamente fallaron.
El éxito de la nueva estrategia de seguridad atraviesa por proteger a la gente que colabora en su implementación. Sabemos que José Muñoz fungía como enlace del gobierno con la policía de la Ciudad y era uno de los principales asesores en la materia, y Ximena Guzmán era la mano derecha de Brugada. Simplemente por la cercanía y funciones que ambos desempeñaban debieron calificar para protección mínima.
Sus perdidas son lamentables, y el mensaje es contundente: el crimen organizado no tiene miedo a confrontar al gobierno, y esta dispuesto a todo por preservar el poderío que ha amasado. El gobierno podrá vivir en su realidad alterna donde maquillan datos, escondiendo los homicidios tras las cifras de desaparecidos, y decir que todo funciona; pero la realidad siempre se desborda ante la mentira, y los hechos indican que hoy nadie está seguro, ni ciudadanos ni funcionarios estamos exentos de ser víctimas del crimen organizado. Estados y municipios enteros sucumben ante su poder, y están en lucha por conservarlo, no en vano hay docenas de candidatos amenazados y otros tantos asesinados.
Nómbrenlo como quieran, pero es momento de que el Gobierno Federal y el Gobierno de la Ciudad de México reconozca la responsabilidad que tiene por la situación de inseguridad en que nos encontramos y trace una ruta que permita a todos los funcionarios públicos y a los mexicanos en general vida digna. Como lo dice el lema de Acción Nacional “una vida mejor y más digna para todos”.
POR ITZEL ARELLANO CRUCES
Tesorera Nacional del Partido Acción Nacional.
@ITZELARELLANOC
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