Mario Alfredo Espinoza Bernardini se casó con Jacqueline Trejo Leal. Tuvieron dos hijas. Como tantas parejas, con el tiempo se separaron. Mario decidió irse a vivir a Estados Unidos, y desde allá enviaba dinero para sus hijas y mantenía comunicación con ellas a través de videollamadas.
Hasta que en diciembre de 2022 recibió una llamada de su cuñada Aylén Trejo Leal: le dijo que sus hijas habían sido víctimas de abuso sexual y le pidió dinero urgente para pagar un peritaje.
Lo que no imaginaba era que esa mujer era cómplice de Jacqueline y de la red de corrupción que hoy mantiene a sus hijas aisladas, revictimizadas y fuera del alcance de la justicia.
Mario regresó a México e interpuso una denuncia en 2022 por corrupción de menores y violencia familiar contra Jacqueline Trejo y su pareja, Saúl Camargo -alias “El Chino”-. Nunca se procedió contra ellos. Tampoco se respetó la orden de una jueza que pedía abrir nuevas líneas de investigación, porque el delito existía y persistía, a pesar de que las niñas estaban no solo bajo el resguardo de las autoridades en un albergue federal, sino también al cuidado de su madre, su pareja, su tía Aylén y la pareja de ésta.
La Procuraduría estatal, encabezada entonces por Santiago Nieto, avaló un dictamen médico fabricado por un perito sin credenciales: José Alberto Baños Vázquez. Ese informe fue elaborado en condiciones irregulares -sin protocolos, sin guantes, con tocamientos indebidos- y simuló lesiones inexistentes. Su propio archivo fotográfico lo desmiente. Tres peritajes anteriores lo contradicen.
Mientras tanto, las niñas, de 8 y 11 años, son rehenes de una red familiar con intereses económicos -la disputa por una herencia-, y en medio de un aparato de justicia que les falló desde el primer día.
Lo más grave es que, en México, el conflicto parental se ha vuelto un infierno judicial donde los niños y niñas quedan atrapados entre intereses adultos, juicios interminables y un sistema que, en lugar de protegerlos, los revictimiza. Lo que estamos viendo es cómo papás, mamás y ex parejas utilizan el aparato judicial como un campo de batalla para cobrarse facturas personales. El Poder Judicial -ineficiente, omiso y a veces francamente corrupto- no sólo permite estas guerras, sino que las valida. Con tal de no incomodar a colectivos, intereses políticos o abogados con influencias, muchos jueces terminan entregando la niñez al mejor postor.
A eso se suma un mercado legal brutal: redes de despachos que lucran con el dolor ajeno, peritajes comprados, historias manipuladas, denuncias penales que se entrelazan con juicios familiares sólo para impedir convivencias y custodias. El objetivo es romper el vínculo afectivo de los niños con uno de sus progenitores o con su familia extendida. Mientras tanto, los casos se alargan años, los menores crecen en medio del conflicto y las sentencias -cuando llegan- ya no sirven para reparar nada.
Nos vemos a las 8 por el 8
POR SOFÍA GARCÍA
COLABORADORA
@SofdiGarciaMX
MAAZ
