La historia comienza con un berrinche. Donald Trump, fiel a su estilo de política de martillo, impuso aranceles a medio mundo sin mayor sustento que su voluntad. El resultado: rompió relaciones –aunque sea simbólicamente– con su viejo aliado Elon Musk, el magnate de Tesla y dueño de medio internet. Pero también se ganó un nuevo frente: el Poder Judicial de su propio país.
Tan desbordado andaba Trump, que sugirió que los jueces en Estados Unidos deberían ser electos por voto popular, como recién celebró la 4T en México.
Y, a decir verdad, no sería la primera vez que el mandatario republicano lanza ideas incendiarias. Pero esta vez su coincidencia ideológica lo emparentó con una figura que suele estar en sus antípodas discursivas: Andrés Manuel López Obrador.
Mientras Trump sugería que los jueces “no electos” no deberían tener la última palabra en decisiones de interés nacional –como bloquear sus aranceles unilaterales–, en México se cocinaba una elección judicial rodeada de fallas, cuestionamientos y opacidad.
Y aunque desde el régimen en turno se aplaudió el proceso como un “éxito democrático”, la Organización de los Estados Americanos (OEA), que actuó como observadora, tuvo una opinión diametralmente opuesta.
En su reporte final, el organismo le puso tache a la elección judicial mexicana y pidió que no se convierta en modelo a seguir para el resto del continente.
Las críticas fueron precisas: campañas demasiado breves, bajísima participación ciudadana, una preocupante cantidad de votos nulos y sin marcar, denuncias sobre reparto de “acordeones” con los nombres sugeridos para votar, y una estructura técnica ausente que permitiría reelecciones automáticas para jueces y magistrados por periodos de hasta nueve años.
Y como cereza en el pastel, el informe recuerda que de los nueve miembros que integran la Suprema Corte, seis llegaron ahí por designación del Poder Ejecutivo, lo que refuerza el argumento de que la pretendida “autonomía” judicial es apenas un decorado institucional.
Paradójicamente, mientras Trump coqueteaba con la idea de popularizar la justicia, en México se ponía en práctica, con más pena que gloria, una versión apurada del mismo experimento.
El tabasqueño y el magnate neoyorquino quizá no compartan una ideología, pero sí un anhelo: controlar lo que no les gusta. Incluyendo, claro, al incómodo -y necesario- Poder Judicial.
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LA AGENCIA DE SEGURIDAD, ENERGÍA Y AMBIENTE (ASEA), creada en 2015 como parte de un nuevo esquema de vigilancia ambiental en el sector energético, ha derivado en una herramienta de castigo más que de orden o sustentabilidad.
Lo que comenzó como un esfuerzo para proteger el entorno, ha terminado por convertirse en maquinaria burocrática que impone criterios legales cambiantes, discrecionales y, en muchos casos, retroactivos.
Estaciones de servicio del país son clausuradas por supuesta “falta de autorización vigente”, como si la creación de ASEA hubiera anulado todo lo anterior.
El problema no es ambiental. Lo que existe son inconsistencias, vacíos legales y desorganización entre autoridades.
A eso se suma el precio tope de los combustibles, que limita márgenes de ganancia. La fórmula es tóxica: menos ingresos, más sanciones.
Lo más grave: no hay una ruta de regularización. Los criterios cambian, las prórrogas se niegan, y las clausuras llegan antes que el diálogo. En lugar de promover formalidad y transición energética, ASEA siembra miedo, desalienta inversión y castiga sin ton ni son.
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ANDRÉS MANUEL LÓPEZ BELTRÁN nunca habla. Ahora que lo hizo, fue objeto de burlas y críticas hasta en Morena. Pocos, muy pocos, dejarán de verlo como “Andy”.
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Y como dice el filósofo… Nomeacuerdo: “Entre Trump y AMLO hay diferencias abismales… solo una coincidencia: sueñan con poder controlar al mundo… y a los jueces”.
POR ALFREDO GONZÁLEZ CASTRO
@ALFREDOLEZ
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