Tras el asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz, dos de los colaboradores más cercanos a la jefa de Gobierno Clara Brugada, muchos han apuntado como culpable al crimen organizado, particularmente a los cárteles. Es una hipótesis plausible: no sería la primera vez que estas organizaciones dialogan con el poder mediante la violencia. Sin embargo, en la capital, donde confluyen múltiples intereses informales, no puede descartarse que el móvil responda a otras dimensiones de la violencia política.
Durante las últimas tres décadas, la hegemonía política de la ciudad ha construido un modelo de gobernanza informal basado en redes de protección estatal a grupos que operan al margen de la legalidad a cambio de clientelas políticas. La relación entre estos actores y funcionarios públicos es constante. De ahí se obtienen recursos para la nómina paralela, los contingentes para llenar plazas públicas y los votos necesarios para ganar elecciones.
Estas redes suelen estar a cargo de operadores de bajo perfil, pero alta confianza. Pensemos en los hermanos Serna en el sexenio de Mancera: Luis, su secretario particular, fue señalado por enriquecimiento ilícito; su hermano Julio, hoy preso, convirtió la Central de Abasto en la caja chica del grupo político.
No hay evidencia de que Ximena Guzmán haya seguido ese camino. Pero como mano derecha de Brugada, es probable que haya tenido contacto con asuntos delicados ligados a los pactos clientelares que siguen vigentes. Por eso, todo lo que pasó por su escritorio debería ser de interés para las autoridades.
Lo mismo aplica para José Muñoz en su carácter de asesor y cuyo origen político no es menor: provenía de la Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata (UPREZ), un grupo “popular” dedicado a la invasión de predios, incluidos algunos en zonas ecológicas.
De ahí también surgió el liderazgo de la propia Brugada quien, en 2023, como alcaldesa de Iztapalapa, entregó junto con Martí Batres un conjunto habitacional a dicha organización como parte de su aniversario. Brugada y su grupo han operado históricamente de la mano de estas agrupaciones irregulares que se presentan como movimientos sociales. Pero también han protegido operaciones abiertamente ilegales, como la del Mercado del Salado, que funciona impunemente en Iztapalapa y donde el 80% de lo comerciado es mercancía ilícita, desde armas hasta fauna exótica.
Es cierto que los grandes cárteles operan en la Ciudad de México, pero no son la única mafia. Ambulantes, pandillas, invasores, transportistas, giros negros y sindicatos, todos deberían formar parte de la lista de sospechosos del atentado, una lista tan larga como la red de mafias, clientelas y complicidades con las que ha operado la izquierda capitalina por más de 30 años.
Si las autoridades realmente quieren llegar a la verdad, deberán indagar en ese modelo de poder informal, el mismo en el que germinó la carrera política de Clara Brugada.
POR CARLOS MATIENZO
DIRECTOR DE DATAINT
@CMATIENZO
MAAZ
